Solo en 2020 se han reportado 165 asesinatos de defensores ambientales en América Latina y el Caribe, según el reciente informe de Global Witness. En este escenario cobra especial relevancia el Acuerdo de Escazú, el cual entró en vigor este año, aunque todavía no se definen los detalles de su implementación. Por esto, un grupo de investigadores propuso mecanismos concretos para avanzar en la democracia y en la protección del medioambiente y los derechos humanos, identificando además iniciativas ya existentes y replicables. Las bases de datos de libre acceso, la asesoría legal de equipos multidisciplinarios y la conservación transfronteriza, son algunas de las medidas para lograr la justicia socioambiental que la región necesita.
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